La creciente concienciación impulsa la iniciativa de Robert Szustkowski a nivel de la UE.
(NOTA DE PRENSA) BRUSELAS, 31 de marzo de 2026 — /EuropaWire/ — Los ciudadanos europeos están reclamando cada vez más control sobre su identidad en línea, recurriendo a herramientas legales y regulatorias para proteger su privacidad y su reputación en el entorno digital. Nuevos datos indican que lo que antes era un mecanismo jurídico poco utilizado —el “derecho al olvido”— se está convirtiendo rápidamente en un pilar clave de la gestión de datos personales en todo el continente.
Desde comienzos de 2026, los europeos han presentado más de 230.000 solicitudes a Google para eliminar datos personales en virtud del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Cabe destacar que cerca de una de cada cinco solicitudes (19,2 %) se refiere a la supresión de información personal, lo que refleja una creciente conciencia sobre la gestión de la reputación digital. Según el Informe de Transparencia de Google, la mayoría de estas solicitudes no se refiere a publicaciones en redes sociales, sino a contenidos publicados por medios digitales, a menudo relacionados con información presuntamente falsa o engañosa.
Sin embargo, el proceso dista de ser sencillo. Google continúa rechazando más de la mitad de las solicitudes (50,1 %), lo que pone de manifiesto la tensión existente entre el derecho a la privacidad y la libertad de información. Estas cifras evidencian un desafío estructural: aunque los ciudadanos son cada vez más conscientes de sus derechos, los mecanismos de aplicación siguen siendo desiguales.
Esta tendencia se desarrolla en el contexto de una ambición regulatoria más amplia en Europa. La Unión Europea ha ampliado significativamente su marco de gobernanza digital, especialmente a través de la Ley de Servicios Digitales (DSA), que impone mayores obligaciones de responsabilidad a grandes plataformas como Facebook, Google, Amazon y TikTok. Desde su entrada en vigor en septiembre de 2023, la base de datos de transparencia de la DSA ha registrado aproximadamente 3.600 millones de “declaraciones de motivos”, es decir, decisiones de las plataformas para retirar o restringir el acceso a contenidos, lo que ilustra la magnitud de la moderación de contenidos en Europa.
Al mismo tiempo, los tribunales europeos están reforzando estos cambios regulatorios. Una sentencia de 2025 del Tribunal Supremo Administrativo de Polonia (NSA) alineó la jurisprudencia nacional con las directrices de la UE, fortaleciendo la base legal para eliminar información perjudicial o inexacta que permanece en internet a lo largo del tiempo.
La iniciativa europea de Robert Szustkowski para reforzar los derechos individuales
En este contexto jurídico en evolución, la iniciativa paneuropea liderada por Robert Szustkowski está ganando impulso en Bruselas y más allá. Respaldada por recomendaciones de la Comisión Europea en 2025, la propuesta busca ampliar el alcance de la protección de datos personales, especialmente en lo que respecta a contenidos publicados por medios de comunicación.
La iniciativa propone la creación de un registro central de vulneraciones de derechos personales y la designación de un “Defensor de los Derechos del Lector”, que ayudaría a las personas afectadas por publicaciones falsas o engañosas. El objetivo es simplificar y estandarizar el proceso de denuncia de contenidos perjudiciales, reduciendo la necesidad de recurrir a procedimientos judiciales largos y costosos.
“Los cambios propuestos pretenden frenar la propagación de la desinformación y aumentar la concienciación pública sobre las herramientas disponibles para proteger la reputación personal”, afirma Szustkowski. “Toda persona, independientemente de sus recursos económicos, debería tener derecho a defender su reputación sin tener que enfrentarse a años de litigios.”
La iniciativa refleja un cambio más amplio en las expectativas de la sociedad. En toda Europa, los ciudadanos ya no son sujetos pasivos de exposición digital, sino participantes activos en la forma en que sus datos se utilizan y se presentan. Solo en 2025, el Reino Unido lideró el número de solicitudes de eliminación (103.000), seguido de Francia (85.000), Alemania (71.000) e Italia (53.500). Polonia, con más de 24.000 solicitudes, se sitúa entre los países más activos, lo que indica una creciente concienciación incluso en mercados donde el activismo en materia de derechos digitales ha sido históricamente menos visible.
Este cambio no está impulsado únicamente por la regulación, sino también por la propia tecnología. El auge de la inteligencia artificial generativa ha introducido nuevos riesgos reputacionales, difuminando la línea entre verdad y manipulación. Como señala Wojciech Głażewski, director de Check Point en Polonia, “hoy en día, la probabilidad de encontrarse con contenido generado por IA —especialmente en redes sociales— es prácticamente del 100 %. Estos sistemas pueden crear rápidamente material emocionalmente atractivo que se difunde con facilidad. El problema no se limita a la desinformación. Cada vez vemos más contenidos que asocian sutilmente a una persona o empresa con determinadas ideas —positivas o negativas— sin hacer afirmaciones explícitamente falsas. Esto puede dañar injustamente la reputación.”
Estas dinámicas están redefiniendo el debate sobre los derechos digitales. El reto ya no se limita a eliminar afirmaciones claramente falsas, sino que se extiende a abordar formas más complejas de daño reputacional, situadas en una zona gris entre los hechos y la insinuación.
La respuesta de Europa está evolucionando en consecuencia. Junto a instrumentos regulatorios como el RGPD y la DSA, nuevas instituciones como el Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO) tienen el mandato de supervisar la desinformación y reforzar la resiliencia frente a la manipulación en línea.
En conjunto, estos desarrollos sugieren que Europa avanza hacia un modelo más firme de soberanía digital, en el que los individuos —y no las plataformas— desempeñan un papel central en la definición de los límites de su presencia en línea.
La creciente relevancia de iniciativas como la de Szustkowski indica que esta transformación no está impulsada únicamente por los reguladores, sino también por actores de la sociedad civil que buscan reequilibrar el poder en el ecosistema digital. A medida que aumenta la concienciación y evolucionan los marcos legales, la cuestión ya no es si los europeos exigirán control sobre su identidad digital, sino hasta dónde llegará ese control.
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